Por Matías Máximo*

En su libro La homosexualidad en la Argentina, Carlos Jáuregui cuenta que uno de los responsables de la Comisión Nacional de los Desaparecidos (CONADEP) le aseguró que unos 400 homosexuales fueron detenidos durante la dictadura cívico militar: muchos de ellos torturados, violados y asesinados. También dice que el trato que recibió la comunidad LGBT fue similar al de los judíos desaparecidos y los discapacitados: “Especialmente sádico y violento”. El rabino Marshall Meyer (integrante fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos), le había admitido que la omisión en el informe “Nunca Más” habría sido por presiones del ghetto católico derechista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El adjetivo de “subversivo”, según cualquier diccionario, le cabe al que pretende alterar el orden social o destruir la estabilidad política de un país. De 1976 a 1983 “subversivo” se expandió hasta formas inimaginables. Estudiantes, madres que buscaran a sus hijos, monjas o incluso tres que caminaran juntos: todos subversivos. Dentro de esta subversión generalizada, las sexualidades no heteronormativas no fueron la excepción. Existen críticas a que el informe de la CONADEP no haya nombrado a una sola persona detenida o desaparecida a causa de su orientación sexual. Aunque también aparecen otras críticas al momento de hacer un conteo de ese estilo: ¿Cómo sabemos que al militante del ERP, de Montoneros, del Frente de Lisiados Peronistas, de la JUP, del PC (y tantos etcéteras) lo encerraron y torturaron por sus prácticas sexuales y no por su participación política?

Los archivos desclasificados

La DIPBA (División de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) funcionó entre 1956 y 1998 e hizo un trabajo de inteligencia para espiar a las personas que tenían alguna participación política, participaban de instituciones educativas, religiosas o exhibían “conductas sospechosas”. Desde el Programa de Investigación del Área de Educación, Investigación y Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Samanta Salvatori dirige junto a Cristian Prieto un trabajo de clasificación de los archivos de la DIPBA. La catalogación consiste en buscar aquellos archivos que en particular hablan de la señalización por sexualidad.

“El seguimiento y la inteligencia realizada a personas que la DIPBA definía como travestis, homosexuales, lesbianas y amorales no fue constante ni sistemático. Sin embargo, existe cuantiosa información en el archivo que demuestra cómo los agentes de inteligencia se inmiscuían en la vida íntima de las personas, informaban sobre las formas de actuar y sentir, perseguían estilos de vida considerados ‘fuera de lo normal’ y registraban los actos de resistencia”, dice el escrito que invitaba a la muestra que se hizo en el Museo de Arte de la Comisión Provincial por la Memoria. Allí se enumeraban las “patologías criminales”: “amanerado”, “temperamento afeminado”, “invertido”, “nunca se lo ve acompañado con personas del sexo opuesto”, “lesbiana” u “costumbres demasiados liberales”; son las caracterizaciones que aparecieron al momento.

Si bien los archivos DIPBA comenzaron antes de la dictadura cívico militar y siguieron después, son una prueba de que en esos años la sexualidad, era otro motivo de persecución. En los materiales se puede codificar una “comunidad informativa”, que era el más alto nivel de inteligencia estratégica nacional, cuyos propósitos “estaban orientados al intercambio de información y producción de inteligencia referida a la Defensa Nacional”. Las idas y vueltas de mensajes que mencionan sexualidades no heteronormativas entre la DIPBA y la Prefectura Naval son un ejemplo.

Una larga historia de “inmorales”

Los edictos de la “inmoralidad” datan desde 1930 (y siguieron hasta mediados de los 90), pero podemos afirmar que la dictadura fue un golpe desarticulador en los movimientos feministas y de visibilización homosexual que estaban activando desde fines de los 60, entre otros el Frente de Liberación Homosexual, Nuestro Mundo, Eros, Profesionales, Safo y Emanuel.

En la Comisión Provincial por la Memoria en Córdoba, Pablo Becerra formó junto a Natalia Magrin un proyecto de investigación para registrar testimonios de personas del colectivo LGBT que sufrieron torturas por las fuerzas armadas en la dictadura y sobrevivieron para contarlo. Su investigación es audiovisual y forma parte del Archivo de la Memoria cordobés.

En el informe de la CPM cordobesa se menciona la desarticulación de los movimientos de liberación sexual que se estaban gestando: “Con el golpe de Estado de 1976 todos estos movimientos fueron fuertemente golpeados casi hasta su desaparición total. Así muchos de los militantes de estas organizaciones y sus seguidores que habían irrumpido en la esfera política, en un diálogo conflictivo con la izquierda revolucionaria, buscaron refugio en el extranjero, principalmente donde prosperaban las nuevas teorías libertarias, como Europa; pero no todos tuvieron la oportunidad de irse del país y muchos fueron visto en los Centros Clandestinos de Córdoba, como La Perla y el Ex D2”.

*Periodista