Por Jorge Elbaum

Mediante el decreto 395/2015 publicado en el Boletín Oficial, se oficializó la desclasificación de la totalidad de la documentación referente a la causa AMIA. Esto significa que veinte años de documentación vinculada con los servicios de información serán utilizadas libremente pro parte de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) dedicada al esclarecimiento. Mediante el decreto también se dispone remitir “cualquier otra nueva documentación, informe, o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación, que obren en poder de la Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación”.

La decisión, tomada por el Poder Ejecutivo días después de la muerte de Alberto Nisman implica una serie de consideraciones políticas y jurídicas que atraviesan tanto el presente electoral argentino como las derivas geopolíticas eleccionarias de Israel y de Estados Unidos.

El “caso Nisman” ha iniciado el año electoral condensando la división transversal que se expresa cada vez con más claridad en la cultura política argentina: cruce que expresa aspectos etarios y étnicos y que los expresa en términos de diversidad versus integrismo. La distancia que crecientemente se hunde entre las dos argentinas postula, de un lado, el esfuerzo colectivo por construir “sociedad” y, por el otro, la necesidad de abroquelar e inmovilizar la estratificación social imperante para impedir las “mezclas insoportables” de los bienpensantes. La grieta cada vez aparece menos como una falla. Y más como un cráter.

La divulgación de la información incluye el inmediato tembladeral de amplios sectores de los servicios de inteligencia –de sus empleadores y sus adláteres pseudo-jurídicos– que han hecho de la confidencialidad y de la vida privada un festival de la politiquería de alcoba. Los “socios del silencio” que durante veinte años se han dedicado a girar en el vacío, de lo que nunca quisieron investigar, aparecen como los máximos damnificados de la glasnot (transparencia) local, decidida por la presidenta Cristina Fernández.

El gobierno no es el Estado. El gobierno intenta conformar un tipo de Estado coherente con sus postulados. Mientras que el kirchnerismo se pone a prueba en la transparencia callejera, en el “ágora”, en la movilización, en la territorialidad y en la disputa pública de voluntades políticas, el neoliberalismo, por el contrario (todavía vivito y coleando en zonas grises del Estado como los servicios de inteligencia), apela al secreto, el contubernio, las grandes decisiones de affter office y el disfrute ampuloso del poder con elegancia.

La desclasificación de la documentación deja al desnudo al formato de Estado neoliberal que especuló y atizó la oscuridad como orientación internacional: la desvalorización de la política deja espacio al mercado de la información. Cuando el debate es definido como antigualla la “realización” del poder es sólo el ejercicio combinado y cruzado de aprietes, carpetazos y de chismeríos donde se mezclan la vida privada y los negocios.

La desclasificación amenaza no sólo a quienes produjeron esos materiales “secretos” sino a sus intérpretes y a sus usuarios. Pone en la picota a quienes –como la AMIA y la DAIA– pretendieron derivar su función de víctimas (desplazando a los familiares de los asesinados en el atentado) hasta convertirse en embajadores permanentes de la política expansionista de la ultraderecha israelí: ambas instituciones han sido mandatadas para lograr una condena de Irán aunque sepan que el Partido de Dios (Hizbalá) tiene sede permanente en el Líbano y funcione como un partido político-militar con representación legislativa en el parlamento del país del Cedro.

También amenaza a la red privada de información –aliada, empleadora o proveedora de servicios de la SIDE y la SI– que promueve un uso utilitario de zancadillas para anular o intimidar a referentes sociales, carreras en ascenso, empresarios empinados o simples galanes de esposas de políticos casados. Pero además, pone en la piqueta al eternamente solapado (y oscuro) partido judicial con sede alternativa entre Comodoro Py, los boliches del barrio de Recoleta y la costeña Punta del Este.

La descalificación, por último, empieza a correr el velo de una encrucijada en la que el neoliberalismo –comandado entonces por Menem– creyó con ingenuidad pueblerina de Aniyaco, que participar del primer mundo era jugar a las relaciones carnales invadiendo países de medio oriente sin repercusiones ni terror.