Carlos CiappinaPor  Carlos Ciappina

La Administración del presidente Barack Obama ha emitido un Decreto que se compromete de lleno y abiertamente con la búsqueda de destitución a un presidente democrático en América Latina. No es un ejercicio menor leer el texto del Decreto de Obama, que empieza con la frase “Yo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos”, analizar sus implicancias y desandar sus olvidos, despropósitos y su mala fe. Palabras contra datos. La realidad contra la ficción.

El decreto establece que Venezuela “constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos, y por lo tanto declaró la Emergencia Nacional para tratar con esa amenaza”. ¿Cuál es la dimensión de esa amenaza?: los Estados Unidos de Norteamérica son la primera potencia militar del planeta: 12.000 armas nucleares almacenadas, de las cuales 6.000 están desplegadas para ser utilizadas. Esto incluye 500 misiles balísticos intercontinentales, 96 bombarderos aéreos con capacidad de lanzamiento de bombas nucleares en cualquier lugar del mundo; y 12 submarinos nucleares con misiles balísticos. Este número no incluye las decenas de submarinos, los miles de tanques, aviones, buques y cientos de miles de armas de uso individual que no son “de destrucción masiva” sino “convencionales”. Los Estados Unidos producen armas químicas y experimentan con armas biológicas. El presupuesto militar de los Estados Unidos es de 600.000 millones de dólares anuales: para alcanzar esa cifra tendrían que reunirse las 15 naciones que más gastan en defensa del mundo. Los Estados Unidos poseen 865 bases navales, militares y aéreas en todo el planeta. En nuestra América Latina, en donde no hay armas nucleares por decisión de los pueblos latinoamericanos, los EEUU tienen instaladas 36 bases militares y cientos de soldados distribuidos en ellas.

Pero si de amenazas a la seguridad nacional nos referimos, tomemos en cuenta que desde 1.800 en adelante, los Estados Unidos han invadido la escalofriante cifra de 71 países en todo el mundo. En nuestro continente, el inolvidable Gregorio Selser dedicó parte de su inmensa tarea a recopilar las invasiones norteamericanas: México, Nicaragüa, Cuba, Puerto Rico, El salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Haití, Guatemala, Bolivia, Granada, han sufrido (en algunas casos varias veces) la invasión e intervención directa de tropas norteamericanas. En los otros países, la injerencia e intervención ha existido o existe en todos sin excepción a través de los “Programas de Ayuda” o los “Programas de Asistencia Militar”; sin contar con la injerencia lisa y llana de las embajadas norteamericanas como lo ha demostrado Wikileaks.

Los fundamentos del Decreto de Obama no dejan de ser paradojales. Para el presidente norteamericano en Venezuela hay “erosión de las garantías de los derechos humanos, persecución de oponentes políticos, recorte de la libertad de expresión, abuso en el uso de la violencia y violaciones de los derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales”.

Este párrafo merece el máximo de atención: si de violar los Derechos Humanos se trata, los Estados Unidos tienen el absoluto record en la Historia Latinoamericana: mencionemos sólo algunas de las atroces dictaduras que las diferentes administraciones norteamericanas (demócratas y republicanas) apoyaron explícitamente con armas, marines y recursos materiales: la familia Somoza en Nicaragüa; Castillo Armas en Guatemala; Trujillo en República Dominicana, Batista en Cuba…y aquellas que recibieron además apoyos explícitos del Departamento de Estado y generosos créditos financieros y para la compra de armamentos: Hugo Banzer en Bolivia, Augusto Pinochet en Chile, Aramburu-Rojas- Onganía-Videla- en Argentina; la dictadura brasileña de 1964-1985, la uruguaya de 1972-1985, Ríos Mont en Guatemala y la lista sigue. Todos gobiernos dictatoriales, todos ellos violadores sistemáticos de los derechos humanos, todos ellos fervientemente apoyados por la “democracia del norte”. ¿Sobre qué bases arrogarse el cuidado de los Derechos Humanos en el Hemisferio?

Pero no sólo es la historia latinoamericana la que señala con hechos este desajuste: los Estados Unidos han estado en guerra permanente después de la Segunda Guerra Mundial: desde 1945 hasta hoy siempre ha habido un conflicto con participación militar norteamericana en el mundo: señalemos los más notorios, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam (3.500.000 bajas civiles); la Guerra en Camboya y últimamente la invasión a Afganistán y la guerra de Irak que continúan hoy. En todas ellas las tropas norteamericanas, fuera de su territorio, llevaron a cabo graves violaciones a los Derechos Humanos: incendio de aldeas enteras, la destrucción con agentes químicos de selva y montes, masacres civiles indiscriminadas. Hoy los Estados Unidos tiene como prisioneros sin nombre, sin juicio y sin lugar a cientos de personas considerados “terroristas” sin derecho a defensa; distribuidos en bases por todo el mundo. El ejemplo más contundente es la Base de Guantánamo (territorio cubano ocupado por EEUU) en donde los detenidos llevan ya más de una década sin que se les inicie ninguna acción penal, en condiciones de aislamiento, de maltrato físico y psicológico que han sido condenados por el mundo entero sin resultado alguno.

Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas por parte de los Estados Unidos, de eso no hay duda.

Lo que Obama llama “protestas antigubernamentales” son las movilizaciones golpistas de las derecha venezolana, las cuáles lejos de ser una manifestación opositora dentro del juego de la democracia, se hicieron con el objetivo explícito de una salida por la fuerza del presidente constitucional Maduro: en febrero-marzo de 2014 fueron 42 los muertos y 486 los heridos de las “marimbas pacíficas” que organizó la derecha venezolana. Este punto es crucial: los detenidos en Venezuela no son opositores políticos dentro del marco de las instituciones democráticas, son simplemente golpistas: han organizado y siguen organizando actividades violentas e ilegales contra un gobierno constitucional. Recordemos que en el “mundo al revés” de los Estados Unidos, la CONTRA nicaragüense eran “luchadores de la libertad” cuando asesinaban maestros y médicos en la Nicaragüa sandinista. Hoy, los golpistas venezolanos son, para Obama, “opositores democráticos”.

También fundamenta Obama su decreto en los “recortes a la libertad de expresión”: Venezuela, como otros países de la región (Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay) han dado pasos enormes en la democratización de la palabra, la desmonopolización de la prensa y en el desarrollo de la comunicación popular con radios, televisoras y periódicos en donde puedan expresarse libremente los que han estado silenciados por las grandes corporaciones mediáticas. Aún así, volvamos al decreto. Leo en el diario de tirada nacional Venezolana El Universal refiriéndose al presidente Maduro las siguientes frases: “De una manera que, sin faltarle el respeto, se puede calificar de desmadre mental lo que tiene el señor Maduro, pues le ha dado por acusar a los periodistas de ser los culpables de cuanto pinchazo comete cada vez que sale a la suerte de matar en la plaza de Miraflores” (El Universal 7/03715) y en la editorial del 8/03/15: “Es lo que hacen los dictadores: magnificar a los próceres e identificarse con ellos para crear una iconografía de la dominación que ha llegado al colmo de colocar en exhibición, como objetos del culto chavista, los uniformes del comandante que nunca muere…” no parecen editoriales de un país sin libertad de expresión.

El Decreto de Obama finalmente establece las “sanciones” que le caben a los miembros del gobierno venezolano con nombre y apellido: congelamiento de cuentas en Estados Unidos, prohibición de ingreso a los Estados Unidos; imposibilidad de llevar a cabo actividades de cualquier tipo en o con los Estados Unidos.

Curiosamente, el decreto nada dice de la exportación de petróleo venezolano ni de la empresas norteamericanas vinculadas al petróleo venezolano: Venezuela es el cuarto proveedor de petróleo de los Estados Unidos.

Finalmente, el Decreto del gobierno norteamericano establece que las sanciones podrán hacerse extensivas en el futuro a “acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas” o “a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos”. Al menos todos los miembros del ejecutivo norteamericano desde Ronald Reagan hasta hoy están incluidos en este decreto, pero sospechamos que no está pensado para ellos, pues ya residen en los Estados Unidos.

UNASUR TOMA LA PALABRA

Que las últimas décadas con gobiernos nacionales y populares y, aún los democráticos de sentido conservador no han pasado en vano, lo demuestra la reacción de América Latina.

Atrás, muy atrás quedaron los días en que una sanción o declaración norteamericana disparaba en América Latina temores, declaraciones a favor de los gobiernos latinoamericanos pro norteamericanos y divisiones dentro de los mismos, en muchas otras era el paso previo a golpes militares lisos y llanos. Recordemos el caso Cubano: la expulsión de Cuba de la OEA en 1962 no tuvo un solo voto en contra por parte de los países latinoamericanos (sí, 6 abstenciones). Ese consenso que apoyó la política norteamericana hacia la isla sirvió además de base para que los Estados Unidos profundizaran todas las medidas de bloqueo que tomaron contra Cuba y su pueblo (y que, aún hoy, 60 años después, continúan vigentes).

Muy distinto es el caso hoy: el Decreto sancionatorio de Obama contra Venezuela fue muy mal recibido por parte de todos los gobiernos latinoamericanos: la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) se reunió de inmediato y emitió una Declaración por unanimidad de sus miembros: “Los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas manifiestan su rechazo al Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.