Por  Leandro Gianello

Luego de que la indagatoria a Magnetto, Noble y Mitre en el marco de la causa por la apropiación ilegítima de Papel Prensa, cayera sorpresivamente 23 horas después de ser presentada ante el juez Ercolini, se sumó el rechazo de la Cámara de Casación a la solicitud de la UIF para ser querellante.

La maratón judicial y los cruces de fallos que tuvo la Causa Papel Prensa durante toda la semana pasada, cerró el viernes a última hora con el rechazo de la Cámara de Casación a la solicitud de la Unidad de Información Financiera por el pedido presentado para ser parte querellante en el juicio.

En total sintonía con los fallos de la Cámara Federal n°1, Casación consideró que la UIF no pudo acreditar perjuicios, ya que la compra de la empresa Papel Prensa se trató de un hecho ocurrido hace más de 35 años, cuando no existía la Ley de lavado de dinero, aprobada en junio de 2011.

A pesar del contratiempo, José Sbatella, titular de la UIF, declaró a Contexto que es indispensable la participación del organismo ya que en la causa uno de los argumentos principales es que “es un delito de lesa humanidad, y en consecuencia la apropiación de los bienes de las víctimas es un delito imprescriptible”.

“La UIF pidió ser querellante debido a que a partir de junio de 2011 toda masa de dinero proveniente de un ilícito penal daña el bien protegido por la ley antilavado”, sentenció el titular del organismo. “En ese caso corresponde el decomiso de los bienes originales así como el producto acumulado de sus ganancias”.

Sbatella manifestó que el juez Ercolini “no reconoce todavía que (la apropiación de estos bienes) sea un delito de lesa humanidad, y dice que no es retroactiva la ley”. El funcionario agregó que además, el magistrado “desconoce que no se puede legalizar los bienes apropiados provenientes de un ilícito, con más razón si es de lesa humanidad”.

Esta suerte de “resistencia judicial” en las causas emblemáticas en donde hay “complicidad civil”, como las que se sigue contra Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma y Papel Prensa, tienen relación directa “con el miedo de los viejos dueños de la Argentina a perder su patrimonio generado, la mayoría de las veces en negociados derivados del ejercicio del poder”, aseguró Sbatella.

En este sentido, “lo positivo es que sale a la luz” todo el esquema delictivo utilizado por los poderes económicos en connivencia con la dictadura, en cambio “lo negativo es que tienen poder y lo hacen valer”, concluyó el Presidente de la UIF.

Antes, el juez de la Cámara Federal N°1, Julián Ercolini, había planteado en un fallo récord que “hasta el momento no existe en esta causa motivo para sospechar que los denunciados han participado en la comisión de los delitos que se les atribuye”, por lo que dejó sin efecto la solicitud planteada por la fiscalía federal número 5.

El juez agregó que todavía está en curso un peritaje de tasación histórica y contable muy importante, ordenado con el objetivo de probar que la empresa Papel Prensa fue adquirida a precio vil, una de las hipótesis de sospecha de los denunciantes. La otra hipótesis, quizás la menos interesante para Ercolini, es la presunción de lesa humanidad que supuso la acción extorsiva en el traspaso de las acciones.

Según informaron desde el juzgado, el estudio técnico se está realizando con el control de todas las partes involucradas y no tuvo oposición ni del ministerio público, ni de las defensas. La velocísima resolución destaca que “todos ellos expresaron su interés en la realización al proponer peritos de parte y al sugerir puntos en concreto de peritación -que fueron admitidos y proveídos-”.

Supuestamente, este análisis técnico e histórico que aún está en fase de elaboración, va a permitir esclarecer el monto total que se debía pagar por la empresa de Graiver, una de las líneas que originaron la investigación junto con el delito de extorsión.

En contexto

La causa se origina exactamente el 2 de noviembre de 1976, cuando Isidoro y Juan Graiver, Lidia Papaleo, Eva Gitnacht, Orlando Benjamín Reinoso, Alfredo Abuin, el contador Hugo Bogani y el abogado Miguel de Anchorena se reúnen en oficinas del microcentro porteño del diario La Nación.

En ese lugar se encontraban también Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, Bartolomé Mitre, director del diario La Nación, el ex presidente de La Razón, Patricio Peralta Ramos, el abogado Manuel Benito, Campos Carlés y el apoderado de Ernestina Herrera de Noble, Bernardo Sofovich.

El fiscal estableció que durante esa reunión, Magnetto apartó a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, a un sector de la habitación y la obligó a firmar los documentos de cesión de las acciones en su poder, amenazando de muerte a ella y a su hija.

Esa amenaza “se encontraba respaldada por los sucesos intimidatorios que la habían tenido por víctima en los meses anteriores y que Magnetto sólo podía conocer y usufructuar en virtud del acuerdo que lo unía con los funcionarios de la dictadura cívico militar”, dijo Gómez Barbella, el fiscal que en la última semana realizó el pedido de indagatoria a Mitre, Magnetto y Herrera de Noble.

Siempre según el relato del fiscal, esa misma tarde Peralta Ramos le aseguró a Rafael Ianover que él y su familia estarían a salvo de cualquier eventualidad, mientras firmara en forma obligada los documentos cediendo las acciones de Papel Prensa que poseía como testaferro de David Graiver.

Más tarde, durante una entrevista el ex secretario de Redacción del diario Clarín, Eduardo Durruty al periodista Santiago Casado, contó que apenas falleció David Graiver en 1976 recibió un llamado de Magnetto mientras se encontraba en Nueva York, en el que le habría solicitado que corroborara la existencia de acciones que Papel Prensa poseía en aquella ciudad.

En ese momento, “los diarios La Nación, Clarín y La Razón salieron corriendo a negociar con los militares, a ver si ellos podían comprar esas acciones”, destacó Durruty, agregando que “necesitaban la autorización para comprarlas, porque las acciones eran de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo”.

Todos estos testimonios relevantes fueron incorporados como elementos de prueba al expediente elaborado por Gómez Barbella, que sin embargo fueron considerados insuficientes por el Juez que lleva adelante la causa.

Luego de conocerse el pedido de indagatoria a mediados de la semana, Osvaldo Papaleo había explicado a Contexto: “El avance de la causa se debió, entre otras cosas, al cambio de fiscal en diciembre pasado”. Papaleo destacó la nueva velocidad en los tiempos judiciales del expediente, que “estaba paralizado”, lo que en la práctica supone una nueva dinámica entre el ministerio público y el juzgado.

La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, también había expresado su satisfacción al conocerse el pedido. Y recordó que nunca olvidará “la cara del señor Magnetto, y su mirada”, que le causaba “más miedo” que sus secuestradores.

El pedido de indagatoria

El documento difundido a través de la fiscalía estimaba que con los elementos reunidos hasta el momento se buscaba consultar “a los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación”. El pedido indicaba que se convocaba a Héctor Magnetto por su carácter de vicepresidente de Fapel S.A. y gerente general de Arte Gráfico Editorial S.A., quien en ese momento “actuó en representación de sus intereses en la suscripción de los compromisos de transferencia de acciones, ejerciendo luego la vicepresidencia del directorio de Papel Prensa S.A”.

La citación incluyó también a Ernestina Herrera de Noble, directora por esos años del Grupo Clarín y a Bartolomé Mitre, como presidente de Sociedad Anónima La Nación y luego del directorio de Papel Prensa S.A.

En su resolución, la Fiscalía también pidió que declaren Raymundo Podestá, quien era el Secretario de Desarrollo Industrial del gobierno militar y Guillermo Gainza Paz, intermediario entre los representantes de los diarios y el grupo Graiver.

La investigación incluía a Bernardo Sofovich, Patricio Peralta Ramos, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y José Alfredo Martínez de Hoz, todos ya fallecidos.

Barbella fue nombrado al frente de la Fiscalía N°5 en diciembre pasado por la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en reemplazo de Eduardo Taiano, quien ya tenía a cargo la Fiscalía Nacional Nº 3 y subrogaba, desde 2013, la fiscalía a cargo de investigar la causa Papel Prensa.

Papel Prensa S.A

Papel Prensa fue fundada por David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa actual.

Ambos fueron secuestrados por la dictadura militar y obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de la empresa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios más importantes de ese momento; ClarínLa Nación y La Razón, promovida por Jorge Rafael Videla.